En una declaración cargada de críticas, la asambleísta Elizabeth Mérida cuestiona a la Gobernación por desinformar a la región del Chaco sobre la abrogación de la Ley 518 y por intentar cargar a la Asamblea Legislativa con la responsabilidad de resolver los problemas que deberían ser manejados por el Ejecutivo. Acusa al Gobernador y a su equipo técnico de gestionar inadecuadamente los recursos departamentales, lo que está perjudicando gravemente a los municipios más necesitados. A pesar de las amenazas de procesos judiciales en contra del ente legislativo, la asambleísta asegura que seguirán defendiendo los recursos públicos y exigiendo transparencia, advirtiendo que no permitirán que los fondos sean manipulados con fines políticos.