El asambleísta departamental Luis Ayllón, en conferencia de prensa, abordó dos temas.
El primer tema se centra en la señora Vivian Chungara, donde fue designada en 2021 por el gobernador Damián Condori como directora de SEDEGES, presentando en ese momento el título de biotecnóloga. No obstante, tras las investigaciones realizadas, se descubrió que Chungara solo contaba con un título de técnico superior en laboratorio clínico obtenido en 2016 en la Universidad San Francisco Xavier. Posteriormente, en 2024, obtuvo un segundo título como licenciada en bioquímica y farmacia de la Universidad Ecológica de Santa Cruz. Sin embargo, no existe evidencia de que posea el título de biotecnóloga mencionado en su designación.
Ayllón cuestionó también la posibilidad de que Chungara haya cursado estudios de manera presencial en Santa Cruz mientras desempeñaba funciones públicas a tiempo completo en la Gobernación de Chuquisaca. En este sentido, anunció que se remitirán al Ministerio Público sus nombramientos, designaciones y los documentos en los cuales ella firma, para que se investigue a fondo el caso y Chungara aclare la validez de los títulos que ostenta.
El segundo tema abordado fue la quema del transformador en el Hospital de Tercer Nivel Chuquisaca, administrado por el SEDES Chuquisaca. Según Ayllón, la reparación del transformador costará más de 1.300.000 bolivianos, un gasto que podría haberse evitado si se hubiera contratado un seguro para el hospital.
El asambleísta señaló que el SEDES solicitó en múltiples ocasiones al Ejecutivo y al Secretario de Planificación la asignación de recursos para la contratación de dicho seguro, pero las solicitudes fueron ignoradas. Ayllón denunció la negligencia del director del SEDES, Dr. Juan José Fernández, quienes serán denunciados ante el Ministerio Público por incumplimiento de deberes y daño económico al departamento.
Además, criticó el intento de responsabilizar a CESSA por la reparación del transformador, argumentando que el verdadero responsable es el Ejecutivo Departamental, que no cumplió con la contratación del seguro, dejando desprotegido un hospital con un patrimonio en equipamiento que supera los 100 millones de bolivianos.
